A lo largo de las jornadas, el grupo de Urbanismo Popular intervino en la facultad con el objetivo de abrir el debate y comenzar a construir respuestas colectivas para enfrentar esta situación. Como dijo Paulina, una de las integrantes del grupo: “La idea era hacer algo que vaya más allá de resistir un desalojo: ver porqué hay desalojos y ocupaciones y ver también que todo parte de una planificación. Queremos poner en debate cómo garantizar el derecho a la vivienda para todos”.
Para el grupo no sólo se trata de actuar frente a la
emergencia sino además organizarse para el futuro: “Hay que ver qué se puede hacer para sortear las situaciones en las que estamos, no solamente quedarnos con la denuncia de lo que pasa acá. Además, cuanto mayor información circula en los barrios no sólo mejoran las condiciones de vida sino que da un marco legal para pedir la titularización”, manifestó Álvaro, otro de los organizadores de la actividad.
Luego explicó cómo se constituyó este grupo integrado por estudiantes de ingeniería, comunicación social, antropología e historia: “Nos fuimos conociendo en los conflictos de desalojo. Después se hizo un grupo afín entre personas cercanas a barrios muy humildes que ven estos problemas. A medida que fueron apareciendo nuevos desalojos nos fuimos solidarizando y de repente nos pusimos a pensar que había que dar un paso más”. En los últimos años hubo en la ciudad decenas de desalojos, como el de Ituzaingo y Pasco 60 bis; algunos todavía en conflicto, como el caso de Rueda y Necochea.
El relato de Álvaro continúa: cuenta que tras la falta de información comenzaron a estudiar y analizar el plan urbano municipal, a contactarse con otros movimientos de las mismas características ya sea de Rosario, como Giros, o de Buenos Aires, como Tierra Para Vivir. De esta manera, una vez recolectada y discutida la información sobre lo que venía sucediendo nació la necesidad de difundir este problema: “Teníamos que llegar a diferentes lugares, no sólo al ámbito universitario. Hay que darle una mano a la gente que tiene estos problemas, porque nos cansamos de la coyuntura, siempre vamos a reclamos para evitar desalojos pero en realidad hay que anticiparse a esas instancias”. Por eso había que enfrentarse a la desinformación: “Una mujer nos dijo una vez ‘no sabía que tenía tantos derechos’. Y eso fue un garrón. Nos dimos cuenta que había que empezar de cero: ni los derechos son considerados o respetados. Hasta el Estado que los tiene que garantizar es el que más los pisotea, en comunión con la justicia y los conglomerados empresarios y todos los que participan en el plan urbano de Rosario”.
Entonces, ¿cómo enfrentarse a la falta de conocimiento? ¿Cómo comenzar a construir siendo hasta el Estado, supuesto protector de los ciudadanos, el enemigo a enfrentar? Se propone, de esta manera, ver cómo comenzar a autogestionar(nos), cómo “dejar de garronear migajas y empezar a construir nosotros mismos”, cómo empezar a poner el cuerpo y a coordinar con los vecinos en conflicto sin pensar que es uno el que lleva la verdad: son ellos mismos los que mejor saben cómo quieren vivir.
En los debates surgieron algunas posibles formas de empezar a trabajar de otra manera, como la creación de una bloquera cooperativa que facilite la construcción de viviendas de material en aquellos asentamientos precarios que lo necesiten, una manera de afectar la realidad desde otra perspectiva.
Así mismo el grupo mantiene su objetivo comunicacional recopilando toda la información a la cual tuvieron acceso en un blog (http://viviendadignaparatodxs.blogspot.com/) y planificando acercar el Congreso de Urbanismo Popular a los barrios rosarinos durante todo el año que viene. La publicación del “Pequeño manual para el ocupante” complementa estos esfuerzos, brindando información que va desde cómo organizarse frente a un desalojo inminente hasta cuestiones legales básicas. Agrega también críticas a planes de vivienda provenientes del Estado que consisten en, tal como detalló Álvaro, “erradicar gente y romper los lazos, la cultura ahí generada, la pertenencia al barrio. Se manda a la gente a la periferia y así ellos también aumentan el índice de hacinamiento”. Uno de los ejemplos es el caso de Ituzaingo 60 bis: “Mandaron a una familia de siete personas a una casa de una habitación cuando el índice contempla que más de dos personas por habitación ya es hacinamiento”.
Durante la jornada del martes se realizaron las charlas anunciadas, participaron diferentes organizaciones que llevan adelante prácticas o reclamos, así como vecinos que atraviesan conflictos de desalojo que contaron sus experiencias.
Claudia Rivas, de la Comisión de Vivienda de Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) de Rosario contó la lucha que llevan adelante para concretar el lanzamiento del Programa de Vivienda “Techo Digno” que contempla 2600 viviendas para maestros. Ana María Chavez, de la misma comisión remarcó: “hay que instalar la solidaridad por sobre todas las cosas, ni siquiera un propietario sabe cuándo puede perder su casa. Ni siquiera la clase media puede acceder a una vivienda propia”.
También estuvieron presentes algunos delegados del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) que facilitan el acceso al suelo para que los mismos vecinos, a través de cooperativas de vivienda y trabajo construyan su propio habitat: “La ciudad no es un negocio, la vivienda no es una mercancía”, dijeron. Y agregaron: “Autogestión no significa negar al Estado, sino interrelacionarse para buscar salidas diferentes”. Por último, Raquel, una de las afectadas en el desalojo de Pasco y Necochea, concluyó: “Hace seis años que estamos en conflicto. Lo único que queda por hacer es luchar”.
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